Políticas que afectan a las universidades

Política de Educación Superior en la selección y reclutamiento de Estudiantes.
Por
Diómedes Christopher
Febrero de 2003
Decano Escuela de Negocios y
Coordinador Maestría en Mercadeo
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Avenida de los Próceres Gala
(O)809/567-9271
(C)809/543-3473
E-mail:dc@intec.edu.do


Problema
En la República Dominicana no hay un instrumento que permita evaluar a los bachilleres que ingresan a la Universidad. Ello provoca que los estudiantes ingresen a las instituciones de educación superior en base a las credenciales que traen de la secundaria. Entre ellas: el promedio de calificaciones, las notas en la Pruebas nacionales y el liceo o colegio de procedencia.
En el caso particular del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el sistema de admisiones se fundamenta en esos tres elementos. En otras universidades exclusivamente se pide los documentos oficiales que certifican que la persona finalizó el Bachillerato.
En pocas palabras, el sistema universitario admite a la totalidad de los bachilleres egresados de la secundaria. Los recursos que emplea el país formando jóvenes que aspiran convertirse en profesionales y que luego desertan son cuantiosos. No conozco estadísticas de gastos hundidos consecuencia de la deserción estudiantil universitaria de la República Dominicana. Sin embargo, puedo afirmar que anualmente ingresan a Nuestras Universidades más de 30 mil alumnos. Anualmente las universidades no gradúan más de 10 mil. Esto puede dar una idea del impacto que debe tener la deserción en la pérdida de recursos económicos públicos y privados.

Políticas fallidas
Durante años las autoridades del sector oficial han mantenido como política la no política. En efecto, las autoridades del Cones, así como la actual Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología han tenido la misma reacción. Hasta este momento no se ha establecido una política de admisiones basado en un examen general que permita clasificar a los estudiantes y contribuir al mejoramiento de la competitividad del sistema.
Esa política, entonces, no ha dado resultado. Ciertamente, los bachilleres siguen ingresando a las universidades del país sin ningún tipo medición o requisito de conocimientos. Eso trae como consecuencia la inmensa dilapidación de recursos que se invierte en la formación de jóvenes que no llegan a graduarse de su carrera universitaria. Esto, a su vez, produce un grado de ineficiencia e ineficacia en el sistema universitario dominicano, de grandes proporciones.
Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Educación han establecido las Pruebas Nacionales como requisito de salida (ley 66-97, Artículos: 58,59,60,61, 62,63 y 216 b). Uno de los objetivos de estas es producir un bachiller mejor preparado y con mejores condiciones para enfrentar la universidad.
El Congreso de la Republica aprobó la ley 139-01 sobre Educación superior, Ciencia y Tecnología, promulgada el 13 de agosto del 2001. Mediante esa ley se estableció (Artículo 59), una prueba de diagnóstica de admisión obligatoria para las universidades. Pero como se dijo más arriba hasta este instante no se ha hecho nada al respecto. Se sabe, que la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SEESCT) ha contratado a un consultor español a fin de trabajar en la confección de una prueba, para dar aplicación a la ley.

En el sector privado
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y la Católica Madre y Maestra tienen la experiencia con exámenes de admisión. Esas experiencias se pierden en el tiempo y no han trascendido de los sus muros. Por esa razón, no revisten importancia más que para ser mencionadas.
El Intec, en la selección de los jóvenes sobresalientes, tiene un dispositivo de reclutamiento bien elaborado. Aplica un examen de matemáticas, uno de español y una prueba psicológica. Además las calificaciones en las Pruebas Nacionales y el promedio de notas de la secundaria. Con estos insumos construye un modelo de regresión que le permite ordenar a los solicitantes. Naturalmente, Intec sólo utiliza este sistema de selección dentro del programa de los jóvenes sobresalientes.

Impacto sobre el desarrollo nacional
El presupuesto de gastos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el año 2001 fue de 946.1 millones de pesos (Presupuesto de ingresos y Ley de Gastos públicos, 2001, p.45). Para el año 2002 fue de mil millones y para el 2003 fue de 1 mil 100 millones, aproximadamente.
Esta inversión del Estado en la Universidad pública está redituando muy por debajo de lo que debiera. Si tomamos en consideración que la Universidad, en los últimos años, ha graduado, en promedio, 4 mil estudiantes por año; entonces, el precio de cada egresado de la universidad pública asciende a 275 mil pesos. Mientras que en las instituciones privadas la carrera podría costarle a una familia, un promedio de sólo 100 mil pesos.
Una de las causas principales de esas pérdidas es la falta de evaluación de los estudiantes. En la Universidad del Estado, se derrocha el dinero que pagan los ciudadanos. Esos gastos excesivos, tienen un costo de oportunidad para toda la sociedad dominicana.


Políticas alternativas
La ley de educación (como se dijo más arriba) establece una política frente a este problema. Se estableció la obligatoriedad de que los bachilleres tomen un examen de admisión para ingresar a las distintas universidades. Esto significa que la alternativa de política ya está definida en la Ley. Por eso en esta parte nos dispondremos a plantear la situación relacionada a la falta de implantación de este artículo de la ley (artículo 59).

Formas de lograr apoyo
La alternativa está constituida por la aplicación de la
Ley. No obstante, para su aplicación hace falta consenso y voluntad de todas las Universidades. Para lograr consenso entre ellas se debería propiciar un encuentro de las autoridades de Educación Superior con las diez(10) principales universidades del país. Recibir sugerencias y organizar un cronograma para la implantación del mismo. Debería darse un plazo de doce(12) a dieciocho (18) meses para que las universidades se preparen. Todo esto debería ser apoyado por un reglamento. El período de tiempo permitiría desarrollar los instrumentos que habrán de utilizarse en la selección de los estudiantes. Debería hacerse un concurso con instituciones privadas para que preparen el examen. De ellas seleccionar la más conveniente.
Para lograr la colaboración de todos los sectores habría que elaborar un conjunto de estadísticas relacionadas a la efectividad del sector. Esto es, comparar el sistema de educación superior del país con otros países. Algunas de las dimensiones que se podrían utilizar son: la cantidad de admitidos, la cantidad de rechazados, la deserción, el volumen de graduados y algunas de las razones (ratio) que se mencionarán más adelante. Sobre esa base se podría crear conciencia de la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema.

Forma de evaluación
Una vez implantada la política hacia los exámenes de admisión a las universidades, la evaluación resultaría fácil. En primer lugar, medir la cantidad de solicitudes de ingreso a las distintas universidades. Esto permitiría examinar si crece o disminuye con relación a los años en que no se exigía el examen. Verificar la cantidad de admitidos en relación a los años anteriores. Monitorear la cantidad de egresados años tras años, para ver si crece. Analizar la razón (ratio), Graduados/estudiantes que ingresaron. Esto permitiría verificar si el examen verdaderamente está cualificando a quienes son admitidos en el sistema.
Por otro lado, analizar la razón (ratio) graduados/ presupuesto ejecutado de la universidad pública para constatar si se produce una mayor eficiencia en la asignación de los recursos a esa casa de altos estudios.
Obviamente, sabemos que el problema de la ineficiencia y la ineficacia del sistema no se deben exclusivamente a los defectos de la política de reclutamiento de estudiantes. Hay otros factores ligados. La propuesta de evaluación nuestra, tampoco es exclusiva del sistema de selección de estudiante. No obstante, actúa sobre ese proceso y por esa razón la planteamos.






Bibliografía
República Dominicana (1997). Ley 66-97 General de
Educación.

Republica Dominicana (2001). Ley 139-01 de Educación
Superior, ciencia y Tecnología.

Secretaría Técnica de la Presidencia. Oficina Nacional de
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del
Gobierno Central, 2001.

Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estatuto Orgánico.
Santo Domingo: Ciudad Universitaria, 2001.